Ante la futura exposición sobre Rampova que prepara el Armari de la memòria quiero expresar lo siguiente:
A pesar de ser una de las personas depositantes del Archivo Rampova Kabarett que está custodiado por el Armari de la memòria, de forma voluntaria decidí hace un año no participar en la preparación de dicha exposición. No ha habido disputas personales, ni se me ha excluido y, mucho menos, nadie me ha impedido participar de la misma. Con posterioridad a eso, el verano pasado se hizo pública la explotación y maltrato laboral dentro del Col·lectiu Lambda que afectó a buena parte de su plantilla, incluyendo despidos que ya han sido juzgados como nulos o improcedentes en los tribunales. La respuesta de Lambda fue interponer una denuncia contra quienes se atrevieron a denunciar en público y, como consecuencia, se ha creado un Grupo de apoyo a las personas denunciadas por Lambda desde el que, entre otras cosas, informan que:
La directiva de Lambda, colectivo LGTBI institucional de Valencia, y Fran Fernández, su coordinador, han presentado una querella por injurias y calumnias contra miembros del programa TOFUria, una ex-trabajadora de la entidad y toda Radio Malva. Es la tercera vez que Lambda va a los tribunales por este caso: Primero tras un proceso civil de conciliación ya concluido, y después tras el archivo de la acusación de delitos de odio por parte de la fiscalía. Estos delitos podían acarrear entre 6 meses a 2 años de prisión, además de la indemnización monetaria de 240.000€ que Lambda sigue exigiendo.
Este proceso se inició a raíz de episodios de TOFUria, un programa transfeminista de humor político de Radio Malva, la radio libre de los Poblados Marítimos de Valencia. Una ex-trabajadora de Lambda compartió sus experiencias laborales y las de otras compañeras. Poco después se hicieron públicos, en un artículo de La Directa y mediante un comunicado que emitieron sus ex-trabajadoris, varios casos de vulneración de derechos laborales por parte de la entidad y de servicios públicos vinculados como Orienta y l’Armari de la Memòria. Lambda ha perdido todos los juicios laborales, o ha llegado a pactos donde reconocían la ilegalidad de los despidos. El Col·lectiu Lambda ha gastado decenas y decenas de miles de euros en indemnizaciones por despidos improcedentes, en atacar judicialmente a las personas despedidas y ahora en atacar a personas que lo hicieron público. Una cantidad de dinero que no sólo no está usando en favor de la comunidad LGTBIAQ+ valenciana, sino que utiliza para hacer daño a miembros de ésta.
Desde ese Grupo de apoyo a las personas denunciadas por Lambda afirman que L’Armari de la Memòria participó en ese maltrato laboral, añadiendo además que es Lambda quien lo gestiona y está usándolo para hacerse un lavado de imagen mientras vive el mayor desprestigio social de su historia.
Es difícil asumir que un colectivo LGTB haya denunciado a Radio Malva, que está dando voz desde hace más de 25 años a la mayoría de luchas sociales de la ciudad de Valencia, y aún más que exista una posibilidad de cierre si tuviera que hacerse cargo de los 240.000 euros que exige Lambda.
Por eso, ante estos hechos, el pasado mes de abril hice saber al Armari de la memòria que no quería que mi nombre apareciera asociado a la exposición mencionada al inicio. Una decisión personal que responde únicamente a motivos políticos: mostrar mi solidaridad con el Grupo de apoyo a las personas denunciadas por Lambda.
El comunicado de las personas ex-trabajadoras es desolador. Hablan de despidos injustificados, bajas por ansiedad y/o depresión o bajas voluntarias. Afirman que: «no son casos aislados o de distintas formas de percibir la realidad, sino de una violencia estructural donde los cargos de responsabilidad utilizan su autoridad para atentar contra los derechos básicos de las trabajadoras y su bienestar. Estos cargos están en la dirección de una entidad financiada públicamente y cuya labor es la protección de los derechos humanos básicos de las personas LGTBI+».
El artículo de La Directa menciona que una persona extrabajadora ha percibido 39.497,74 euros de indemnización, mientras Stephane Soriano, director general de Diversidad de la Generalitat, en un articulo publicado en El Español señala un caso concreto: «No se puede justificar con dinero público un despido improcedente por 22.000 euros». Las cuentas de Lambda no son públicas, así que resulta difícil saber cuanto dinero llevan ya gastado en esta huida hacia adelante en la que parece que el único objetivo de su directiva es morir matando. Pero no olvidemos que todo ese dinero malgastado es dinero que no se está usando para trabajar y defender los derechos de las personas LGTBI+ de la ciudad de Valencia.
El Colectivo Lambda funciona de manera totalmente vertical, por eso todes les socies y voluntaries de Lambda deberían tomar partido si les importa su colectivo, y denunciar estas injusticias y presionar por un cambio real y necesario dentro de la organización.
Por todo ello me sumo a las personas ex-trabajadoras al decir:
«Exigimos la expulsión inmediata y la asunción de responsabilidades por parte de los responsables de estas prácticas abusivas: Fran Fernández, Marina Valiente, Julia Talavera y Albert Cañizares.
Con estas prácticas abusivas, la nueva ejecutiva de Lambda está haciendo precisamente el juego a la extrema derecha, convirtiendo a la entidad en un auténtico chiringuito de amigotes.»
Santi Gregori
La Pinteta Rebel
Gais Lliures del País Valencià
